Caputo anunció medidas para impulsar la actividad sin abandonar el equilibrio fiscal

El Gobierno busca que la actividad económica mejore antes de las elecciones presidenciales del próximo año, aunque sostiene que no se apartará del equilibrio fiscal ni recurrirá a un “plan platita”. En ese marco, desde agosto el ministro de Economía, Luis Caputo, concretó siete anuncios que incluyen desde la flexibilización del crédito en dólares hasta alivios para las pymes frente al fisco nacional. Al mismo tiempo, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en otras cinco iniciativas.

El límite que plantea el Gobierno es fiscal. Caputo defendió ese criterio este miércoles durante su exposición en un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), donde descartó aumentar el gasto o incurrir en déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de las elecciones.

“También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: ‘Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente’”, afirmó el ministro.

Luis Caputo sostuvo además que modificar ese criterio tendría impacto en las necesidades de financiamiento del Estado. “Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, señaló. También advirtió que abandonar el ancla fiscal afectaría las expectativas por los antecedentes de la economía argentina.

La estrategia oficial quedó más clara esta semana con la serie de medidas que Caputo difundió durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), orientadas a sostener la actividad.

El ministro anunció tres decisiones para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su vínculo con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La primera dispuso la suspensión de embargos hasta mayo de 2027.

La segunda extendió el plan de pagos a 18 cuotas. La ampliación incluye deudas vencidas hasta el 31 de octubre y ensancha el alcance de esa herramienta de regularización. La tercera medida habilita a las empresas a computar el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros.

Economistas consultados consideran que esas tres disposiciones buscan evitar un mayor deterioro de las pymes. La única que podría tener algún efecto sobre el nivel de actividad, aunque con una magnitud aún por evaluar, es la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de autos, con una tasa del 25% y plazos de tres, cuatro y cinco años.

Hasta ahora, las versiones extraoficiales indican que ese financiamiento podría destinarse a vehículos de producción nacional. Esa condición todavía espera confirmación oficial y será clave para definir el alcance de la medida sobre la industria automotriz local.

Medidas para la construcción

Los anuncios comenzaron en agosto, cuando Caputo comunicó la flexibilización del acceso a créditos en dólares. La medida quitó la exigencia que obligaba a los bancos a prestar en moneda estadounidense solo a quienes generaban divisas o contaban con la garantía de una empresa que cumpliera con esa condición.

Ese cambio amplió el universo de personas y compañías que pueden acceder a ese financiamiento. Aunque no tiene restricciones por sector, el ministro reconoció que la iniciativa apuntaba sobre todo a la construcción.

Más adelante, esa decisión se complementó con el anuncio de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. A través de ese mecanismo, el Gobierno busca fondear a los bancos con hasta $2 billones a largo plazo para ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

El esquema prevé licitaciones de hasta $200.000 millones. Los bancos pueden colocar fondos a un año a una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años con una tasa mínima de UVA +4,5%. La disponibilidad de recursos a plazos más largos apunta a facilitar la originación de préstamos hipotecarios. Para acceder a esos fondos, las entidades financieras deben participar de las licitaciones que ofrece el FGS dentro de este mecanismo.

Menos impuestos

Otra de las decisiones oficiales estuvo vinculada con el precio de los combustibles. En medio de la volatilidad internacional del petróleo y luego de los aumentos aplicados por las petroleras en los surtidores tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles.

La medida quedó formalizada nuevamente mediante el Decreto 1305/2026, que fijó el 1° de diciembre como nueva fecha para aplicar la actualización. La ley establece que el impuesto debe revisarse cada tres meses según la inflación acumulada, pero el Ejecutivo decidió diferir ese traslado.

Con esa decisión, el Gobierno buscó evitar una presión adicional sobre los consumidores y sobre la inflación. El impuesto integra los componentes que inciden en el precio final de los combustibles, por lo que su actualización puede trasladarse a los valores de venta en los surtidores.

En camino

Además de las medidas anunciadas por Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la CNV preparan cinco iniciativas para ampliar el crédito en pesos. El diagnóstico oficial fue expuesto por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una ronda con inversores organizada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026.

La primera iniciativa está dirigida a empleados públicos que cobran créditos personales mediante descuentos de haberes. El BCRA eliminará el tope de tasa de interés para esos préstamos y permitirá que el código de descuento se transfiera a otra institución que cumpla con las condiciones exigidas.

El objetivo es dar mayor seguridad a las entidades que compran una cartera ya otorgada y ampliar sus alternativas de fondeo. El cambio alcanzará a los préstamos que se cobran directamente a través del sistema de haberes de trabajadores estatales.

La segunda propuesta se enfoca en empleados del sector privado que acceden a créditos con descuento salarial. El plan prevé centralizar los flujos de pagos con afectación específica por medio de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).

El trabajador conservará la facultad de asignar los fondos, mientras que el empleador no deberá asumir tareas administrativas asociadas con ese circuito. La intención es ordenar el flujo de cobros de los créditos con descuento de haberes en el sector privado.

La tercera medida que alistan el BCRA y la CNV apunta a los comercios. El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles. La iniciativa se vincula con el lapso que transcurre entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de los fondos. Con ese reconocimiento, los comercios podrán usar esos cupones dentro de operaciones de financiamiento.

El proyecto también prevé que esos instrumentos puedan ejecutarse mediante procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento. Su alcance se relaciona con las ventas realizadas con tarjetas y con el acceso de los comercios a liquidez antes de la acreditación definitiva de los pagos.

La cuarta medida alcanzará a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan créditos de pequeñas y medianas empresas mediante avales. El BCRA busca que las SGR puedan sostener una mayor cantidad de créditos con el mismo fondo de garantía. La propuesta apunta a que más pymes accedan a préstamos o mejoren sus condiciones de financiamiento, como tasas y plazos.