CONEP pide al Congreso acelerar proyecto que aplaza la vigencia del Código Penal para empresas

Santo Domingo, RD.-. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) pidió al Congreso Nacional dar continuidad al trámite legislativo del proyecto de ley que extiende la entrada en vigencia del artículo 31 del Código Penal, relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

En comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, el gremio valoró la declaratoria de urgencia y la aprobación del proyecto por parte de los senadores. La pieza modifica ese artículo y amplía el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones sobre responsabilidad penal de las empresas previstas en el Código Penal.

La entidad señaló que la iniciativa “constituye un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa, al reconocer la necesidad de otorgar a las empresas y organizaciones un plazo razonable para adecuar sus estructuras, políticas y procedimientos internos a las nuevas exigencias legales”.

No obstante, el CONEP advirtió que, “ante la proximidad del 5 de noviembre de 2026, fecha prevista para la entrada en vigencia de estas disposiciones, consideramos de especial importancia que el proyecto continúe su curso legislativo con la celeridad que amerita, mediante su oportuna remisión a la Cámara de Diputados, a fin de que pueda completarse el proceso de aprobación y posterior promulgación antes de dicha fecha”.

El gremio sostuvo que la ampliación del plazo es necesaria para que las empresas y organizaciones implementen programas de cumplimiento, políticas de prevención, mecanismos de control interno, canales de denuncia y procedimientos de evaluación, entre otras medidas requeridas para responder a las nuevas obligaciones legales.

También indicó que la aprobación de la propuesta, impulsada por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, permitiría avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales que contribuyan a una aplicación uniforme y previsible de estas disposiciones.

En ese contexto, consideró que la entrada en vigencia del nuevo régimen debe producirse en condiciones que favorezcan su adecuada implementación, con criterios claros de imputación y estándares objetivos para valorar los programas de cumplimiento.

Agregó que esos elementos deben tomarse en cuenta según la naturaleza, tamaño, actividad, estructura y nivel de riesgo de cada entidad, por entender que son esenciales para fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una aplicación efectiva y proporcional de la normativa.

Por esas razones, el CONEP pidió a Ricardo de los Santos impulsar la continuidad del trámite legislativo y su pronta remisión a la Cámara de Diputados, dada la importancia de que el proyecto sea aprobado y promulgado antes del 5 de noviembre de 2026.

Asimismo, solicitó a Alfredo Pacheco “impulsar la continuidad del trámite legislativo de la iniciativa tan pronto sea recibida en la Cámara de Diputados, dada la importancia de que el proyecto pueda ser aprobado y promulgado antes del 5 de noviembre de 2026”.

El CONEP reiteró su compromiso con el fortalecimiento del marco institucional y con la promoción de una cultura empresarial de integridad y cumplimiento, además de su disposición para colaborar técnicamente en los procesos de revisión e implementación de las referidas disposiciones.