La nómina pública: ni el Gobierno sabe cuántos empleados tiene

Santo Domingo. El debate sobre el tamaño de la nómina pública dominicana tiene una anomalía que antecede incluso a la discusión sobre si ha crecido mucho o poco: el propio Estado no dispone todavía de un registro único que permita establecer con absoluta precisión cuántas personas trabajan para él.

No se trata simplemente de una crítica política. El Ministerio de Administración Pública (MAP), órgano rector del empleo público, reconoció las limitaciones del sistema existente y el Gobierno creó en 2025 el Sistema Integrado de Servicios Centrales de la Función Pública (SISC), precisamente para sustituir al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) y unificar informaciones que permanecen dispersas entre diferentes instituciones.

La paradoja es difícil de ignorar: el Estado administra una de las mayores nóminas del país sin contar todavía con una plataforma que le permita verla completa desde un mismo lugar.

Los registros disponibles permiten aproximarse a su dimensión. Datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) sitúan en 773,025 los empleados registrados en la nómina pública al cierre de 2025. La cifra supone que casi 800,000 personas dependen laboralmente del Estado dominicano.

Pero incluso esa cantidad debe manejarse con cuidado. Las distintas bases oficiales no necesariamente miden exactamente lo mismo ni tienen idéntica cobertura. Esa diferencia metodológica es precisamente parte del problema: dependiendo de la fuente utilizada, el universo de servidores públicos puede variar.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, ha defendido que el crecimiento experimentado durante la administración de Luis Abinader no puede calificarse de desmedido. En octubre de 2024 informó que entre agosto de 2020 y 2024 se habían incorporado 63,373 empleados, equivalentes a un aumento de 11.41 %.

Su argumento tiene un elemento que debe reconocerse: no todo aumento de la nómina representa expansión burocrática.

Según los datos presentados entonces por Freund, 73.7 % de los nuevos empleos creados entre 2020 y 2024 correspondieron a educación, salud, defensa y seguridad ciudadana. Una escuela nueva necesita maestros; un hospital requiere médicos, enfermeras y personal auxiliar; aumentar el número de policías inevitablemente aumenta la nómina.

Ese argumento explica una parte del crecimiento. No resuelve, sin embargo, el problema de fondo.

Antes de discutir si República Dominicana tiene demasiados empleados públicos, el Estado debería poder determinar exactamente cuántos tiene, dónde están, qué funciones desempeñan y cuánto representa su costo consolidado.

Eso es justamente lo que el Gobierno intenta solucionar ahora.

Al anunciar el SISC, Freund explicó que el nuevo sistema permitirá interoperabilidad entre las instituciones gubernamentales y su integración con los sistemas financieros y de planificación del Estado.

“Esto va a permitir el control de la nómina pública de manera efectiva”, afirmó el ministro.

La declaración es importante también por lo que implícitamente reconoce: si el nuevo sistema permitirá controlar efectivamente la nómina, el sistema anterior no permitía hacerlo con el nivel de integración requerido.

El SISC pretende concentrar reclutamiento, nómina, capacitación, evaluación del desempeño y carrera administrativa, además de conectarse con el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef). El objetivo declarado es disponer finalmente de información integrada y en tiempo real sobre los recursos humanos del Estado.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se observa la evolución histórica.

El propio Freund informó que entre 2008 y 2012 fueron incorporados 75,806 empleados públicos; entre 2012 y 2016, otros 126,370; entre 2016 y 2020, 111,698; y entre 2020 y 2024, 63,373.

Es decir, el crecimiento de la nómina no comenzó con este Gobierno. Es una tendencia estructural del Estado dominicano que ha atravesado administraciones y partidos.

Precisamente por eso reducir el debate a determinar cuál gobierno nombró más empleados puede resultar políticamente atractivo, pero económicamente insuficiente.

La pregunta relevante es otra: ¿cuántos empleados necesita realmente el Estado dominicano para prestar eficientemente los servicios que la población demanda?

No existe una cifra universal. Un Estado puede tener muchos empleados y ser eficiente, o tener menos y funcionar deficientemente. Lo importante es la relación entre cantidad, productividad, costo y calidad de los servicios ofrecidos.

Ahí debería concentrarse la discusión.

Porque acercarse a los 800,000 empleados públicos no demuestra por sí solo que exista una nómina excesiva. Pero alcanzar esa dimensión sin disponer todavía de un registro completamente integrado que permita determinar con precisión quién trabaja para el Estado, dónde lo hace y bajo qué condiciones constituye un problema institucional difícil de minimizar.

El Gobierno ha comenzado a corregirlo con el SISC. Ese esfuerzo debe reconocerse.

Pero también revela algo incómodo: después de décadas expandiendo la administración pública, República Dominicana todavía está construyendo el sistema que le permitirá saber exactamente quiénes forman parte de ella.

Antes de decidir si la nómina pública debe crecer, congelarse o reducirse, hay una tarea mucho más elemental: Contarla.