ERAS fija 60 días de restricción antes de cortar el agua por falta de pago en AySA
El nuevo reglamento del usuario empieza a regir mañana y establece límites, plazos de respuesta y garantías para reclamos. También endurece las condiciones para cortar el servicio cloacal.

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RESUMEN
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó el nuevo Reglamento del Usuario para los servicios de agua potable y desagües cloacales que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida quedó formalizada mediante la Resolución 46/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, y comenzará a regir mañana.
Uno de los cambios más importantes se refiere a la mora. Antes de cortar el servicio a un usuario residencial, la empresa deberá aplicar una restricción temporal del suministro durante al menos 60 días corridos, con un caudal limitado de agua por unidad funcional.
De acuerdo con el ente, la finalidad es otorgar a los hogares con dificultades económicas “un plazo razonable” para gestionar la Tarifa Social o acordar un plan de pagos. El proyecto original de AySA, en cambio, contemplaba el corte directo una vez vencidos los plazos de mora.
Pasados esos dos meses sin que el usuario regularice la deuda, se adhiera a la Tarifa Social o firme un plan de pagos, la concesionaria podrá sostener la restricción o avanzar con el corte. En el caso de las cloacas, la exigencia es más estricta: AySA no podrá cortar el servicio cloacal a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS y sin que el organismo emita un pronunciamiento.
Además, no podrá haber restricción ni corte cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del ente. La empresa tampoco podrá aplicar estas medidas por su cuenta a usuarios sensibles, como hospitales, sanatorios y cárceles, ni a quienes tengan la Tarifa Social vigente. Si se verifica que un corte fue improcedente, AySA tendrá 48 horas para restablecer el servicio y deberá pagarle al usuario el 3% de la última factura por cada día de atraso.
Toda restricción o corte deberá estar precedido por una intimación fehaciente, que podrá enviarse por medios electrónicos y tendrá que informar sobre la Tarifa Social. Si el aviso se remite por esa vía, no se cobrará el cargo por aviso de corte.
En materia de atención al público, otro de los puntos más cuestionados en el último tiempo, el reglamento obliga a la empresa a sostener la sede central y, además, una oficina presencial fija y una unidad móvil diaria en cada una de sus regiones: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y CABA. Las unidades móviles deberán difundir su cronograma con un mes de anticipación y podrán realizar los mismos trámites que las oficinas. Según el ERAS, esta disposición toma en cuenta las críticas por la reducción de la atención presencial, especialmente entre los usuarios con dificultades para usar canales digitales.
El texto también establece plazos máximos de respuesta: 24 horas cuando exista riesgo inminente para las personas, 48 horas para reconectar el servicio después del pago, 10 días hábiles para pedidos de reconexión y 30 días para reclamos generales. Si la empresa no responde a tiempo o la respuesta no satisface al usuario, este podrá recurrir al ERAS. Todas las contestaciones deberán estar fundadas e informar ese derecho.
Quien reclame por una factura mal liquidada conservará el servicio hasta que el caso se resuelva y no deberá pagar esa boleta si abonó la última que no objetó. Además, no se le podrán cobrar recargos ni intereses por el tiempo en que AySA se demore en contestar.
Otras disposiciones obligan a la empresa a enviar las facturas al menos 10 días antes del vencimiento, a conservar en la Oficina Virtual copias de las boletas de los últimos 12 meses y a incluir en ellas el teléfono gratuito del ente regulador. En materia de medidores, AySA deberá dejar constancia de la primera lectura dentro de los 15 días de la instalación y realizar las inspecciones con turno previo y personal identificado, salvo emergencias.
El reglamento llega luego de un trámite con objeciones. La Sindicatura de Usuarios del ERAS había rechazado la redacción de 23 artículos del borrador de AySA porque los consideraba regresivos frente a la Ley de Defensa del Consumidor, y pidió suspender su aprobación hasta que se conociera el contrato de concesión. En la misma línea hubo planteos de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, de la Defensoría del Pueblo bonaerense y de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El ente sostuvo que la nueva versión recoge “en lo sustancial” esos planteos, aunque dejó fuera los que apuntaban al régimen de mora, la prescripción o la ejecución fiscal de deudas, porque dependen del marco regulatorio o del contrato de concesión y exceden su competencia. Sobre la facturación durante cortes prolongados, el ERAS dijo compartir el reclamo y anticipó que será tratado en un reglamento aparte, que deberá incluir descuentos en las facturas de los usuarios afectados.
En la audiencia pública del 26 de octubre por las tarifas cloacales, varios expositores pidieron que el reglamento se aprobara con rapidez. Entre ellos estuvo el intendente de Esteban Echeverría, y la asociación de consumidores ADECUA advirtió que no existe un Reglamento del Usuario al menos desde 2008.





